La Corte Penal Internacional (CPI) es un organismo internacional con sede en La Haya (Países Bajos) que si bien nació por iniciativa de la ONU el 17 de julio de 1998 -aunque entró en vigor el 1 de julio de 2002- no forma parte de la estructura de las Naciones Unidas. Desde el 4 de octubre de 2004 un acuerdo bilateral regula la cooperación entre ambas instituciones.

Se trata del primer tribunal internacional, de carácter permanente y con vocación de universalidad, para el enjuiciamiento de crímenes contra la humanidad, delitos de genocidio, crímenes de guerra y, tras la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma -su norma fundacional- celebrada en Kampala en 2010, del crimen de agresión en el caso de aquellos países que hayan ratificado, como el caso de España, dicha revisión. Estos crímenes no prescriben y la CPI sólo puede imponer penas máximas de 30 años de prisión y, de forma excepcional, cadena perpetua si la extrema gravedad del caso lo justifica, pero nunca puede condenar a muerte.

La competencia de la CPI se extiende únicamente respecto de aquellos crímenes cometidos después de la entrada en vigor de su Estatuto (el 1 de julio de 2002) y alcanza a todas las personas por igual sin distinción de su cargo -sea Jefe de Estado o de Gobierno, miembro de un gobierno o parlamento, representante elegido o funcionario de gobierno- y sin que las inmunidades, prerrogativas o normas especiales de procedimiento, con arreglo al derecho interno o internacional, resulten aplicables ni óbices para que la Corte ejerza su competencia.

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